El reciente escándalo entre las Cortes del Estado y el gobierno no sólo afecta los ámbitos jurídicos e institucionales del país sino que también influye seriamente sobre el proceso del referendo reeleccionista.
En días pasados el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, había enviado una carta tanto al Presidente de la República, Álvaro Uribe, como a la Corte Suprema de justicia en la que les exigía por el bien de la nación poner fin a sus confrontaciones y pleitos que había llegado a un punto insostenible para la salud de la patria. Pero ¿porqué fue necesaria la mediación entre estas ramas del poder público? ¿cuál es el conflicto y cuáles son sus consecuencias?
El conflicto entre las altas Cortes del Estado y el gobierno tiene varios antecedentes que se remontan hacia el 2007 cuando la Corte de Justicia se negó firmar un documento por el cual se permitía que 19.000 paramilitares desmovilizados fueran juzgados por delito político en vez de acogerse a la justicia ordinaria que los condenaba por concierto para delinquir. En esa ocasión el presidente Uribe afirmó que la negociación de Paz con los paramilitares había quedado “herida de muerte”. Posteriormente la revista Semana reveló en febrero de este año, interceptaciones telefónicas a los magistrados de las Corte por parte del DAS, en las que se reveló que ciertos los funcionarios de la Corte abusaban de beneficios del Estado para uso personal; a pesar de que el gobierno buscaba establecer si narcotraficantes estaban influyendo sobre los magistrados, se denunció que estas interceptaciones no se realizaron con todos los rigores legales, y que se trataban de actos de conspiración.
En Mayo el conflicto volvió a efervecer con las sentencias de la Corte de Justicia a funcionarios del Estado por actuaciones que influyeron en el proceso de reforma que permitió la primera reelección del actual mandatario de la nación*. Asomó por entonces la sombra de duda ya que a pesar que las demandas de estos casos se habían enviado hace varios meses a la Corte Suprema, estos fallos se produjeron en fechas que eran cruciales para la reelección presidencial. El punto crítico de estos enfrentamientos se produjo la semana pasada cuando el gobierno reveló un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), según el cual algunos magistrados podrían verse involucrados en operaciones de lavado de activos y/o financiación de terrorismo. Surgieron entonces declaraciones por parte de magistrados en las que afirmaron que el gobierno trataba de desprestigiar su imagen.
El conflicto entre las Cortes del Estado y el gobierno reside en las acusaciones mutuas en las que el gobierno acusa a la Corte Suprema de Justicia de no cooperar tanto con los procesos de Paz así como de emitir fallos y decisiones que se encuentran politizadas y que no necesariamente responden a juicios imparciales y objetivos. De otro lado la Corte justifica su posición afirmando que sus decisiones corresponden a su labor de impartir justicia en la cual no esta obligada a obedecer a los intereses del gobierno, aún mas cuando se ha visto amenazada por la desconfianza del gobierno en lo que denominan como una persecución hacia los magistrados en actuaciones que pueden tildarse de conspiración en su contra.
La división de poderes del Estado es un sistema de contrapesos en la que la independencia de cada uno evita tanto el abuso del poder, del ejecutivo (representado en esta ocasión por el gobierno y el presidente Uribe), como la manipulación de la Justicia; pero si bien es cierto que este sistema protege la democracia, este exacerbado conflicto entre las entidades del Estado produce el efecto contrario siendo negativo para la democracia porque no sólo merma la institucionalidad del país, en la que no hay estabilidad por la alta incertidumbre política, sino que además genera desconfianza incluso desde la ciudadanía hacia el Estado reduciendo así su legitimidad.
Lo cierto es que la duda y las acusaciones mutuas solo dejan en claro que esta desconfianza generada de ambos lados, afecta seriamente el proceso del referendo reeleccionista; pues la Corte ha dejando en claro que podrá proceder sobre este proceso en curso del mismo modo como sentenció a funcionarios públicos por las circunstancias sobre las cuales se aprobó la primera reelección. De otro lado las actuaciones del gobierno y las acusaciones mutuas afectan la credibilidad y la imagen ante la ciudadanía por las especulaciones que genera y que aún no se han esclarecido.
Solo resta esperar que al menos la intervención del Procurador calme los ánimos, así como que los hechos, las denuncias y recriminaciones, se aclaren respectivamente.
Sin embargo la ciudadanía aún se pregunta: ¿quién debe ceder?
*- La Corte Suprema de justicia sentenció al senador Iván Díaz Mateus por presionar en el 2004 el voto de Yidis Medina a favor de la reforma por la que se permitió la primera reelección presidencial.
- El ex –congresista Teodolindo Avendaño fue condenado por recibir dádivas del gobierno para ausentarse del día de la votación de la reforma de la primera reelección.
- La Corte abrió la investigación preliminar a 85 congresistas denunciados por votar el referendo sin ser que este fuera avalado por el Registrador Nacional.
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