Mientras que el Robín Hood inglés, era defensor de los oprimidos y le quitaba a los que se enriquecían ilegalmente para distribuirlo entre los pobres, en Colombia parece que a nuestros funcionarios públicos nunca les contaron la leyenda o nunca entendieron su moraleja, pues acá se les da a los más ricos para beneficiar a los más pobres.
Por: Melissa Ríos.

Como ya se está volviendo costumbre en nuestro país, surge un nuevo caso de corrupción, en donde para variar, los más perjudicados son las personas que quieren surgir y salir adelante, pero como no cuentan con los contactos e influencias necesarias tienen que dejar sus sueños a un lado. Mientras que los empresarios grandes y acaudalados de nuestras regiones, se ganan fácilmente subsidios destinados para el emprendimiento y desarrollo del agro.
Hace unos días salió a flote, gracias a la revista Cambio, el escándalo sobre los subsidios de Agro Ingreso Seguro, que si bien deberían ser utilizados para promover el crecimiento y reducir la desigualdad en el campo, han sido otorgados a los empresarios y familias más ricas de la costa y el valle, con el argumento según Arias, de que dándole a los ricos se ayuda a los más necesitados. Ridículo ¿no? Teniendo en cuenta que los 72.500 millones con los que contaba el programa, fueron “distribuidos equitativamente” solo en 100 proyectos pertenecientes obviamente, a estas ilustres familias, que según Julián Alfredo Díaz Gómez director de Agro Ingreso Seguro, “participaron en igualdad de condiciones con los demás aspirantes”, ¿podrá ser esto posible? Pues no creo que un campesino normal este en las mismas condiciones o tenga las mismas influencias que los Dávila, Vives o Lacouture, entre otras familias beneficiadas con los subsidios.
Lo que me parece el colmo e inaudito, es que una misma familia reciba más de 5 subsidios, como la familia Dávila, una de las ricas y poderosas del Magdalena, que ha recibido en el último año más de 2200 millones de pesos en subsidios para el riego y el drenaje. O los Vives Lacouture, que si bien tienen proyectos agrícolas en la zona bananera, han recibido subsidios por más de 5.000 millones de pesos. O los Lacouture Dangond y Lacouture Pinedo, que han recibido subsidios por 5.235 millones. O los Dávila Abondano, por no seguir nombrando más, que han recibido 903 millones de pesos, siendo que su empresa comercializadora de productos orgánicos, tiene ingresos por 120 millones de dólares al año. ¿Es justo esto?
Más preocupante aun, es la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos a cargo de la distribución de estos subsidios, porque a demás de no ser reembolsables y de no estar sujetos a impuestos, fueron otorgados en su mayoría a grandes empresarios con influencia política y personas involucradas directamente con el gobierno.
Todavía existen muchas dudas, faltan explicaciones de funcionarios, como la del ex Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, que en su momento lidero estas iniciativas, y estamos esperando las declaraciones de los beneficiados o por lo menos una rendición de cuentas sobre la inversión de estos recursos. Hasta hora se ha pronunciado el contralor Julio Cesar Turbay Quintero, quien prometió hacer una minuciosa investigación sobre si hubo o no mal versión de fondos. Aunque que esperanzas puede tener uno de que se haga justicia, sabiendo que el contralor está siendo investigado por denuncias de una supuesta desviación de recursos y nómina paralela en la entidad. Definitivamente Robín Hood estaría feliz viviendo en Colombia.




